sábado, 15 de febrero de 2020

Tercer adquiriente de buena fe, ¿o cómplice de despojo?




Por: Ramón Antonio Veras.

I.- Proceder de buena fe


1.- Lo que legal entra al patrimonio económico de un adquiriente, no debe ser objeto de censura, porque lo justo no daña ya que, se presume, que su adquisición ha sido el resultado de una sana decisión, de buena fe, es decir, de la confianza y de la certidumbre de lo que puede dar fe.

2.- Siempre se ha querido que lo bien hecho esté garantizado con la creencia de que al actuar la especie humana procede con absoluta limpieza, libre de toda maldad; que la sospecha se mantenga al margen de la intervención de lo dubitativo, el titubeo y las contingencias. Ha primado la idea de que la mentira no prevalezca y de ahí parte la idea bien recogida en el Código Civil dominicano, el cual expresa en su artículo 1116, “que el dolo es causa de nulidad, cuando los medios puestos en práctica por uno de los contratantes son tales, que quede evidenciado que sin ellos no hubiese contratado la otra parte”.

3.- En el mundo de los negocios la buena fe es exigida siempre, entera y plena. La más mínima suspicacia en el adquirente de un inmueble hace ausente la buena fe en el sentido del artículo 2265 del Código Civil dominicano, que bien precisa “el que adquiere un inmueble de buena fe y a justo título…” La propiedad del inmueble no se puede ver en el curso de la posesión, sino en el de la adquisición, como está contenido en el artículo 2269: “Basta que la buena fe haya existido en el momento de la adquisición”. El camino recorrido debe ser todo legal, desde el comienzo hasta que llegue al patrimonio del adquirente. La buena fe se presume siempre; no por momentos, y esto lo confirma el artículo 2268 Código Civil: "Se presume siempre la buena fe, y corresponde la prueba a aquél que alega lo contrario".

4.- Históricamente el legislador se ha interesado para que las partes que intervienen en un acto estén revestidas de las mejores intenciones al momento de ejecutar; que el objetivo que las hace pactar esté debidamente acreditado. Al elaborar las leyes siempre se ha querido que el adulterante, el falsificador y mistificador no se salga con la suya dañando lo que es puro, sincero y verdadero.

5.- En nuestro derecho la máxima "el fraude lo corrompe todo", ha sido aceptada por la doctrina y por la jurisprudencia para sancionar los actos fraudulentos; ella constituye la piedra angular sobre la cual descansa todo el ordenamiento jurídico moral de nuestro derecho, hasta el punto de que la buena fe se presume conforme el artículo 1134 del Código Civil: “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su mutuo consentimiento, o por las causas que estén autorizadas por la ley. Deben llevarse a ejecución de buena fe”.

6.- Cuantas veces se presenta la oportunidad para que el tramposo no se eleve ante la persona honrada, se han buscado los mecanismos legales a los fines de que el jugador de ventajas, el chocarrero y sucio sea vencido en los tribunales. Así, en nuestro Código Penal, hay capítulos que se refieren a las acciones fraudulentas, como son: las relacionadas con las bancarrotas, estafas, emisión de cheques con alteración fraudulenta, el Código Civil y la acción pauliana es una sanción al fraude.


II.- Los derechos inmobiliarios de la familia Jorge Metz y el fraude en su contra


7.- En la parcela número 84, del Distrito Catastral 9 del Municipio de Guayubín, Provincia de Montecristi, se encontraba registrada la cantidad  612,429 metros cuadrados, a nombre de los señores Abelardo Jorge Salomón, Najil Salomón Vda. Metz, Yasmin Metz Salomón, Lourdea Altagracia Metz Salomón, Naife Elena Metz Salomón, Annette Rafaela Metz Salomón, Roxanna del Corazón de Jesús Metz Salomón, Juan Metz Salomón, María Mercedes Metz Cruz, Altagracia del Corazón de Jesús Metz Guzmán, José Rafael Metz Ferreira, Alina Cevastiana Metz Belliar, Rihna Lidia Metz Belliar, Ranfis Rafael Metz Jiménez, y Pedro Luis Metz Jiménez.

8.- Abogados inescrupulosos se inventaron que la señora Paola Carolina Ureña Mora, trabajó en La Vega, para una imaginaria empresa, alegadamente propiedad de Abelardo Jorge Salomón, desempeñando labores como despachadora. Simularon que ella había sido despedida y, usurpando en forma ilícita su nombre y calidades, idearon lanzar una demanda laboral en reclamación de prestaciones laborales contra su pseudo empleadora la Distribuidora Abelardo Jorge Salomón. Al efecto, el 13 de octubre de 2006, visitaron la Secretaría de Trabajo de La Vega, y solicitaron les hicieran los cálculos de los montos que le correspondían a la falsa trabajadora, los cuales ascendieron a la suma de RD$ 86,544.68.

9.- Mediante un proceso laboral totalmente fraudulento, que se inició poniéndole a Paola Carolina Ureña Mora, un abogado y obteniendo a nombre de ella un crédito contra los señores Jorge Metz, simularon un proceso de embargo inmobiliario, pusieron en venta en pública subasta los derechos de los señores Jorge Metz, y le atribuyeron a un falso subastador los terrenos de los legítimos dueños.

10.- Así por así, los derechos de los señores Jorge Metz, pasaron a ser propiedad de un falso subastador convertido en dueño mediante un fraude. Se puso a funcionar la imaginación con el fin de crear una cosa real, como lo es la fantasía de un adquiriente de buena fe que, en verdad, no es más que la invención de los forjadores de la inexistente acreedora Paola Carolina Ureña Mora, ficción de los fabuladores que despojaron de su propiedad a la familia Jorge Metz.

11.- La señora Paola Carolina Ureña Mora, la supuesta acreedora y alegada persiguiente en el embargo inmobiliario contra la familia Jorge Metz, una vez se informó de la operación criminal a su nombre, para desligarse del fraude y limpiar su nombre, el día 11 del mes  julio de año 2019,  mediante declaración jurada prestada ante el cónsul General de la República Dominicana, en San Juan, Puerto Rico, en funciones de Notario Público,  le  precisó que no reconoce que haya firmado poder a ningún abogado; que nunca ha trabajado para la familia demandada; que nunca se ha beneficiado de ningún acto relacionado con ese proceso; que no conserva interés en dicho inmueble; que solo necesita que se aclare la situación, desconociendo cualquier demanda, sentencia, adjudicación, transferencia o beneficio obtenido de dicho proceso.

12.- Porque la señora Paola negó ser acreedora de la familia Jorge Metz, no existía crédito alguno para inscribir a su favor hipoteca judicial provisional definitiva y gravar los derechos inmobiliarios de la familia Jorge Metz, por lo que resultaba fraudulenta la Doble Factura de Inscripción de Hipoteca Judicial Definitiva, supuestamente requerida al Registrador de Títulos de Montecristi, a su nombre, y está dizque teniendo como abogado al licenciado Edwin Rafael Pimentel Batista.

13.- Luego se comprobó que fueron falsamente legalizadas las firmas de Paola Carolina Ureña Mora y su abogado Edwin Rafael Pimentel Batista, en el acto de Doble Factura de Inscripción de Hipoteca Judicial Definitiva, conforme declaración jurada hecha por el notario público actuante, el licenciado Santiago Osvaldo Espinal Mercado, quien reconoció que fue víctima de su amigo el licenciado Robert Darío Peralta, porque lo puso a legalizar una firma falsa para simular que era la de Paola Carolina Ureña Mora.

 14.- Lo declarado por el licenciado Santiago Osvaldo Espinal Mercado, sobre la falsedad de la firma de Paola y su abogado, quita toda legalidad a la inscripción hipotecaria y, por vía de consecuencia, a la falsa subasta y adjudicación  que dio origen al expediente del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega, No. 483-08-00148, de fecha de entrada el 04-03-2008 y la sentencia núm., 00069-08.

15.- El subastador engañoso de los derechos inmobiliarios de la familia Jorge Metz, cumpliendo con su papel de pieza importante en la operación fraudulenta, en un falso recibo de descargo, de fecha 9 de abril de 2008, dijo que había pagado RD$ 103,000.00, por pago del valor de la demanda a Paola Carolina Ureña Mora, y RD$ 67,000.00 honorarios al licenciado Edwin Rafael Pimentel Batista, lo que luego resultó desmentido por este quien de manera firme y categórica declaró que nada tiene que ver con ese recibo y que, además, esa no es su firma.


III.- Falso adquiriente de buena fe en el despojo a la familia Jorge Metz

16.- El despojo contra la familia  Jorge Metz, fue un fraude que se inició con el acta de audiencia núm. 1724-06 de fecha 9 de noviembre de 2006, procedente del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega, en la que consta que la parte demandada, la familia Jorge Metz, fue falsamente representada por un fingido abogado, llevado al tribunal por los mismos organizadores del fraude. El acta levantada al efecto sirvió de base para inscribir el simulado crédito a nombre de Paola y contra la familia Jorge Metz y así quitarles sus derechos inmobiliarios. En pocas palabras, decidieron con voluntades ilícitas trampear para delinquir.

17.- La transferencia de los derechos inmobiliarios de la familia Jorge Metz, no podía operar legalmente por el engaño artificiosamente preparado por los abogados ejecutores del enredo mafioso llevado a cabo que culminó con la apropiación espuria por un falso subastador; la legitimidad no puede ser resultado de una trampa.

 18.- El simulador subastador, haciéndose pasar como buen comediante, nunca pagó el falso precio que dice hizo a Paola y a su abogado. El fingidor adjudicatario, en lugar de ser un tercer adquiriente de buena fe, se comprobó no ser más que un imitador de propietario, fruto de un apócrifo proceso de embargo inmobiliario.

19.- No es ni puede ser adquiriente de buena fe aquel que se hace dueño de un inmueble participando en el fraude; y fraudulento fue el recibo mediante el cual el subastador dijo que había efectuado el pago de un precio que nunca llevó a cabo. La presunción de buena fe en el tercer adquiriente es a condición de que los documentos  que amparan el derecho de propiedad que ha adquirido, lo haya obtenido regular y válidamente, no como producto de una irregularidad para despojar a sus legítimos propietarios de sus derechos, como fue el caso de la familia Jorge Metz.

20.- Para ser adquiriente de buena fe, es necesario que el nuevo adquiriente llegue a ser propietario por medios lícitos. Para que se produzca la transferencia de un inmueble no es suficiente que el Certificado de Título que lo ampara figure a nombre de un vendedor, sino que es necesario que ese inmueble no haya llegado a su patrimonio por una vía ilícita. En el caso que nos ocupa, todos los procesos fueron fraudulentos desde el laboral, continuando con la inscripción de la hipoteca definitiva así como el embargo y la subasta contra la familia Jorge Metz.

21.- No se puede confundir la realidad con la apariencia. Ante las actividades fraudulentas llevadas a cabo por abogados ausentes de criterios éticos y morales, dirigidas a despojar de inmuebles rurales y urbanos a legítimos propietarios, se está procurando crear en forma simulada a un adquiriente de buena fe, cuando la materialidad demuestra que ese que ha simulado haberse hecho dueño en forma lícita, no es más que un cómplice de la operación fraudulenta.

22.- En nuestro país, cada día el representante del Ministerio Público debe demostrar ser sumamente ágil al momento de examinar un expediente en el cual figuran abogados que se han asociado para ejecutar actos dolosos, simulando diferentes formas de cómo inscribir una hipoteca judicial definitiva, tomando como base de sustentación un pagaré auténtico, o una sentencia irrevocable con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que alcanza esta calificación porque se ha hecho un proceso en el cual el alguacil actuante hace notificaciones en un domicilio imaginario o ficticio de la parte llamada a ser notificada.

23.- La realidad está demostrando, partiendo de la gran cantidad de expedientes en los cuales figuran abogados inescrupulosos haciendo ejecuciones inmobiliarias en el aire, que se va a seguir poniendo de moda sacar, como una especie de brujo desde un sombrero, la figura del tercer adquiriente de buena fe a título oneroso, lo que obligará al  investigador a hacer un trabajo fino para saber cuándo está frente a un imputado lavador de dinero  disfrazado de tercer adquiriente de buena fe, y las otras veces que realmente debe hacer las pesquisas de lugar para saber que ciertamente el adquiriente o alegado subastador es un verdadero inversionista.


IV.- Criterio jurisprudencial y el adquiriente de buena fe

24.- Si estamos de acuerdo de que el tercer adquiriente de buena fe es una creación jurisprudencial en nuestro marco jurídico, porque no hay norma legal alguna que lo establezca, debemos tomar muy en cuenta los razonamientos que en distintas ocasiones ha hecho nuestro más alto tribunal referencia con respecto a ese concepto que forma parte de nuestra doctrina y jurisprudencia.

25.- Cuadra perfectamente a favor de la familia Jorge Metz, la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que “Si bien la seguridad jurídica impone el reconocimiento por parte de los tribunales de las prerrogativas a que da lugar la culminación de los procesos de embargo, en protección de los licitadores-adquirientes, cuando estos lo son de buena fe, no menos cierto es que también es obligación de los tribunales proteger el derecho de propiedad de los tercer cuando es vulnerado en tales procesos, siendo nulos si son perseguidos sobre bienes determinados como no pertenecientes al establecerse su existencia e individualización se precisa de un registro público  regulado por el Estado dominicano a través de sus instituciones públicas…”.

26.- También la que expresa que: “Considerando que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que: entiende procedente reiterar lo que ya ha sido manifestado en decisiones anteriores en el sentido de que si bien el artículo 51 de la Constitución de la República consagra el derecho de propiedad como uno de los derechos fundamentales de contenido económico y social de que es titular toda persona, no menos cierto es, que este derecho no es de carácter absoluto puesto que la misma constitución lo sujeta a que su uso, disposición y disfrute sea de conformidad con lo previsto por la ley; que en ese sentido y refiriéndonos a la materia inmobiliaria, si bien dicha normativa protege en principio al tercer adquiriente de buena fe que haya adquirido derechos sobre inmuebles registrados a la vista de un Certificado de Título, no menos cierto es, que esta protección cede cuando queda revelado que dicha adquisición ha sido mediante el ejercicio abusivo de derechos y contrariando los fines que ha tenido en cuenta el legislador al reconocer dichos derechos o desconociendo los límites impuestos por la normativa vigente, la buena fe, la moral y las buenas costumbres; en definitiva, que no se puede pretender invocar la condición de tercer adquiriente de buena fe cuando dicha adquisición se derive de maniobras de mala fe efectuadas con pleno conocimiento con la finalidad de distraer dichos derechos de las manos de sus legítimos titulares”; sentencia núm. 207 de fecha 5 de abril de 2017.

27.- Es una verdad que no acepta discusión alguna el razonamiento de que no se puede aceptar bajo ninguna condición que determinado individuo alegando la condición de tercer adquiriente de buena fe quiera retener para si un inmueble que, como en el caso de la familia Jorge Metz, fue sacado del patrimonio de su propietario mediante maquinaciones fraudulentas puestas en ejecución por abogados deshonestos y el proceder sospechoso del tribunal que conoció de la audiencia laboral el día 9 de noviembre de 2006, de donde salió el falso acuerdo que sirvió como sentencia irrevocable a los defraudadores.

28.- Solamente un documento válido debe ser la base de una transferencia lícita. El falso adjudicatario que se apoderó de los terrenos de la familia Jorge Metz, no puede tener ni alegar válida la posición de tercer adquiriente de buena fe, porque todas las piezas que integran el expediente laboral fabricado en forma engañosa en el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega, así como los documentos que culminaron con la sentencia de adjudicación,  son fruto  de operaciones dolosas, y aquí cabe recordar que “el fraude lo corrompe todo”, y en el despojo de que fue objeto la familia Jorge Metz, lo fraudulento está en la parte y en el todo.

29.- Las anteriores citas de los considerandos jurisprudenciales responden a la buena fe, a la moral, a las buenas costumbres y al sentido de justicia, porque, por ejemplo, sería una injusticia y una inmoralidad, aceptar como tercer adquiriente de buena fe al adjudicatario de los derechos de la familia Jorge Metz, luego de comprobarse, mediante las declaraciones juradas de Paola Carolina Ureña Mora, y los  licenciado Edwin Pimentel Batista y Santiago Osvaldo Espinal Mercado, que la adjudicación no fue más que la consumación de un fraude, desde la utilización abusiva del nombre de la supuesta trabajadora, hasta el que se adjudicó los terrenos, quien declaró falsamente que había pagado el precio y los honorarios del abogado.

Reflexiones finales

a.- En nuestro país, el tercer adquiriente de buena fe debe ser examinado con suma cautela, porque en la actualidad han surgido bandas organizadas de abogados que se dedican a despojar de valiosos inmuebles a legítimos propietarios, como ha ocurrido en la línea noroeste, donde la familia Jorge Metz, fue despojada de sus propiedades con la utilización de mecanismos fraudulentos, al igual que a la compañía Block Agregados Nordestana S.R.L.


b.- El hijo que sale corrompido de la sociedad pequeña que es la familia, pervertido entra a la sociedad grande. Por tal razón fue que en su niñez, al compartir con mis hijos Jordi, Ho Chi, Yury y Alexei, siempre les decía que tenían todo el derecho de debatir conmigo la forma de ejercer mi profesión porque, les precisaba, que yo no podía llevar al hogar nuestro un centavo recibido por dar una consulta para que mi cliente justificara una inmoralidad, un robo o una acción ilícita cualquiera, como tampoco debía de defender en los estrados lo que repugnaba a mi conciencia.

c.- Porque la delincuencia presente  en el seno de los grupos de abogados especializados en despojar a legítimos propietarios de inmuebles, lo hace mediante sofisticados medios fraudulentos, el Ministerio Público, en su calidad de representante de la sociedad, para descubrir el crimen tiene la libre voluntad para solicitar la colaboración de organismos del Estado especializados en áreas muy específicas.

d.- Las futuras generaciones de profesionales del derecho van a tener suficiente calidad para censurar a los organismos que ahora guardan silencio cómplice ante los fraudes y cuantas diabluras hacen abogados y abogadas, sin ser sancionados penal y disciplinariamente. Al parecer obtener un título de licenciado en derecho es una patente de corso para delinquir impunemente.

e.- Finalmente, en un próximo escrito voy a desarrollar la forma descarada cómo, por medios fraudulentos, utilizando un famoso “tercer adquiriente de buena fe”, la compañía Block Agregados Nordestana S.R.L., fue robada, victimizada con la cantidad de 3,653, 901.50, metros cuadrados, y una financiera acreedora suya con la suma de RD$ 33, 079,480.00.



Santiago de los Caballeros, 15 de febrero de 2020



                     Fuentes de citas


lunes, 10 de febrero de 2020

Un incendio en Calimete que requiere investigación






Un incendio en Calimete que requiere investigación

Por: Ramón Antonio Veras.

1.- Por este medio quiero expresar mi preocupación por la situación que han pasado, y pasan,  legítimos  propietarios de inmuebles despojados de sus propiedades  y agredidos sin que los poderes públicos intervengan  en su ayuda.

2.- Tengo constancia y pruebas irrefutables de que en la línea noroeste, la familia Jorge Metz y la empresa Block Agregados Nordestana S.R.L., fueron despojadas, en forma vulgar,  de propiedades  inmobiliarias, por complicidades entre sectores del Poder Judicial y abogados inescrupulosos,  de sus derechos en la parcela  84 del Distrito Catastral  número  9 del municipio de Guayubín, Provincia de Montecristi  y a la compañía  Block Agregados Nordestana S.R.L.,  en diferentes parcelas que suman unos 3,653, 901.50, metros cuadrados.

3.-  Ahora, recientemente, he sido informado que la pasada semana,  propiedades de la compañía MACAPI, de la cual su principal accionista  es el empresario Manuel Castillo Pimentel, fueron incendiadas más de 200 tareas cultivadas con 300 árboles de pino y 100 de aguacate en Calimete, todo con el objetivo de amedrentar a la empresa para que desista de un proceso judicial que lleva en el Departamento Judicial  de Elías Piña.

4.- Las personas que bien conocemos el proyecto de aguacates que MACAPI, desarrolla en Calimete, Provincia Elías Piña, sabemos  de los esfuerzos que ha hecho Manuel Castillo Pimentel y su familia, para levantar lo que hoy  es un ejemplo de  dedicación al trabajo y confiar en el desarrollo de las fuerzas productivas con sentido desarrollista.

5.- Aunque  las organizaciones empresariales, agrícolas y de comerciantes del país, han guardado total silencio ante el indecente fraude ejecutado contra la familia Jorge Metz y la compañía  Block Agregados Nordestana, es de esperar que ahora levanten su voz en solidaridad con  MACAPI, Manuel Castillo Pimentel y su familia, y exijan que las autoridades correspondientes hagan una seria investigación del incendio ocurrido  en los terrenos propiedad de la empresa MACAPI, en Calimete, Elías  Piña.

Santiago de los Caballeros,
10 de febrero 2020.





Abogados solidarios víctimas de su buena fe

Por: Ramón Antonio Veras.

Una explicación

a.- Con el título: Una tarea a cargo del Presidente del Consejo del Poder Judicial, el Procurador General y el Colegio de Abogados, en el periódico La Información, de fecha 9 de enero del año 2020,  página 6A, en los puntos números 14 y 15 escribí: Es bien sabido que en el ejercicio de la profesión de abogados, aquellos colegas entre los cuales existen vínculos de amistad acostumbran a prestarse servicios gratuitos y de buena fe. Pero resulta que, a veces, el profesional que solicita el favor lo hace con intención venenosa, para que no figure su nombre en el documento que tiene por finalidad ejecutar una operación dolosa al comienzo, en el curso o al final de un proceso. El abogado o Notario Público que ha dado asistencia por cortesía a un compañero de profesión, en una instancia, acto auténtico o legalizado, y luego se comprueba que, de buena fe y por solidaridad, fue víctima de una fullería, para limpiar su honor y honra mancillada debe colaborar diciendo la verdad de lo ocurrido. En semejante situación el colega engañado debe ser, en caso de una investigación sobre fraudes, tomado como testigo y no sancionado.

Tres abogados víctimas

1.- Licenciado Edwin Rafael Pimentel Batista

b.- El ser humano manifiesta indignación cuando comprueba haber sido burlada su buena fe y la confianza engañada. El disgusto por traición motiva furia que se manifiesta de diferentes formas ante el artero  que no supo valor la franqueza. Confiar es entregarse; es creer en aquel que tú has hecho tu otro yo, pero si compruebas la falsía en tu contra, sientes en el  fondo de tu alma la frustración, y se apodera de ti el desengaño.

c.- Luego de recibir y leer el documento que contiene la declaración jurada y testimonio del licenciado Edwin Rafael Pimentel Batista,  con relación a lo que fue su participación en el despojo  de los terrenos a la familia Jorge Metz, afiancé mi criterio de que el medio social dominicano ha llegado a una gran profundidad en el  deterioro  ético y moral, porque la ambición por la mercancía dinero ha hecho añicos la amistad y la entereza que se supone presentes entre los que se creen ser amigos.

d.- El licenciado Edwin Rafael Pimentel Batista,   fue utilizado como una pieza más  en el fraude para despojar a la familia Jorge Metz, de sus terrenos en la línea noroeste. Edwin, al ser informado de que su nombre había sido incluido en el grupo  de los abogados que se dedican a ejecutar operaciones dolosas, ha querido mantener su imagen de profesional honesto, y para tal fin compareció ante la  Notario Público de los del número para el Municipio de Santiago, licenciada Georgina Altagracia Rodríguez, para que en fecha  24 de enero de 2020, instrumentara un acto notarial con su declaración jurada y testimonio en el que le declaró:

  “Que reconoce y da constancia por medio del presente acto que no conoce a su atribuida cliente  Paola Carolina Ureña Mora, ni ha tenido contacto con esta  por ninguna vía; 2.- Que se limitó a firmar la instancia a nombre de Paola Carolina Ureña Mora, por solicitud que le hizo su amigo el licenciado Robert Darío Peralta, para notificar la demanda introductoria laboral de fecha 24 de octubre del 2006, porque este no quería figurar en dicha demanda ya que, supuestamente, le unía una relación de amistad con la parte demandada; 3.- Que transcurridas varias semanas, recibió una llamada en horas de la noche de parte del  licenciado Robert Darío Peralta, mediante la cual le preguntó si tenía audiencia al día siguiente, a lo que le  respondió que no, por lo que su amigo le solicitó  que le hiciera el favor de irle a una audiencia a conocer de la demanda que anteriormente le había hecho el favor de firmar y en la que  figura como abogado; 4.- Que Paola Carolina Ureña Mora no ha estampado su firma en ningún documento en su presencia, ni mucho menos en contrato de Cuota Litis alguno y de igual manera reconoce que dicha señora  no lo ha apoderado personalmente como abogado para que la represente, sino que ella  lo hizo por medio de su amigo el licenciado Robert Darío Peralta, 5.- Que no promovió ninguno de los procesos, y que por lo tanto nunca redactó ningún acto referente a los mismos, ni contrató servicio de alguaciles para notificar actos, ni les indicó direcciones ni domicilios donde proceder a hacer notificaciones;  6.- Que no firmó ningún acto, instancia ni pliego de condiciones,  y que  la única vez que subió a estrados fue a la audiencia del día 09 de noviembre de 2006, cuando se levantó el acta No. 1724-2006, y en lo adelante no envió a ningún abogado a representarle a audiencia alguna, como tampoco  depositó instancia por ante el Registrador de Títulos de Montecristi, referente a la trama sucia asquerosa y dolosa mal llamado proceso de embargo inmobiliario preparado, impulsado y promovido por quien creía ser su amigo el licenciado Robert Darío Peralta; 7.- Que de Paola Carolina Ureña Mora, no ha esperado pago de honorarios ni de gastos del referido proceso, en razón  de que con ella nunca  ha pactado contrato de Cuota Litis por sus servicios profesionales, dejando evidenciado que no tiene interés en cobrarle servicios profesionales no pactados, renunciando y desistiendo desde ahora y para siempre con todas sus consecuencias legales y de derecho a interponer acciones tendentes a cobrar honorarios, o a ejercer acciones penales o civiles, contrademandas, demandas reconvencionales e indemnizatorias, ni acciones de cualquier otra naturaleza en contra de la señora Paola Carolina Ureña Mora ; 8.-Que no tiene nada que ver  con el acto número 008-2008, de fecha 2 de enero de 2008, que contiene mandamiento de pago que precede a embargo inmobiliario, supuestamente hecho a requerimiento de Paola Carolina Ureña Mora; 9.- Que él es extraño a la doble factura de inscripción de hipoteca judicial definitiva requerida al Registrador de Títulos de Montecristi, de fecha 6 de diciembre de 2006; 10.- Que no tuvo ninguna participación en la redacción ni firma de la instancia sin fecha del mes de febrero de 2008, solicitando audiencia para la venta en pública subasta de los bienes inmuebles propiedad de la familia Jorge Metz,  los señores Abelardo Jorge Salomón, Najil Salomón Vda. Metz, Yasmin Metz Salomón, Lourdes Altagracia Metz Salomón. Naife Elena Metz Salomón, Annette Rafaela Metz Salomón, Roxanna del Corazón de Jesús Metz Salomón, Juan Metz Salomón, María Mercedes Metz Cruz, Altagracia del Corazón de Jesús Metz Guzmán, José Rafael Metz Ferreira, Alina Cevastiana Metz Belliar, Rihna Lidia Metz Belliar, Ranfis Rafael Metz Jiménez y Pedro Luis Metz Jiménez,  es decir, la Parcela no. 84 del Distrito Catastral no. 9 de Guayubín, provincia de Montecristi,  amparado en el certificado de título no. 172, libro 39, folio 64 expedido por el registrador de títulos del Departamento Judicial de Montecristi; 11.- Que no tiene nada que ver en lo absoluto con el expediente número 483-08-00148, de fecha de entrada 04-03-08, sentencia número 00069-8, fecha 8 de abril 2008, Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega;12.- Que de manera firme y categórica declara que  nada tiene que ver; que no es su firma, ni ha recibido ninguna suma  de manos de Antolín Esteban Arias, como se indica  en el recibo de descargo de fecha 9 de abril de 2008,  por el valor de ciento setenta mil pesos (RD$ 170, 000,00) dominicanos, falsamente legalizada su firma y la de Paola Carolina Ureña Mora por un tal Notario Público de los del Número para el Municipio de Santiago, Manuel Esteban Fernández.    13.- Que está al margen, que no redactó, ni requirió alguacil, ni mucho menos dio indicación para la notificación del acto número 367-2008 de fecha 19 de diciembre de 2008, que contiene notificación de depósito de pliego de cargas, cláusulas y condiciones y citación para audiencia  de conciliación, juicio, lectura de dicho pliego y adjudicación; 14.- Que por ser un hombre de convicciones religiosas y coherente en su forma de pensar  ratifica, reitera en todas sus partes las declaraciones que le hizo a la periodista Alicia Ortega, en fecha 24 de junio de 2019, con relación al caso de la propiedad de los terrenos de los señores Jorge Metz;  15.- Que el compareciente licenciado Edwin Pimentel Batista, declara que está en disposición de comparecer libre y voluntariamente, al primer requerimiento, ante cualquier autoridad, de la investidura que sea, y prestar las declaraciones que le sean requeridas con relación al expediente de la señora Paola Carolina Ureña Mora, sin reservas ni limitaciones de ninguna clase, siempre apegadas a la verdad porque no tiene nada que mentir ni esconder ya que la presencia de su nombre en el fraudulento expediente del caso  de la señora Paola Carolina Ureña Mora y la familia Jorge Metz, se debió exclusivamente a su proceder de buena fe para complacer a quien creía ser su amigo el licenciado Robert Darío Peralta”.

2.- Licenciado Santiago Osvaldo Espinal Mercado

e.- Comprendo perfectamente  lo mal que se sintió el licenciado Santiago Osvaldo Espinal Mercado, al ver su nombre en la publicación que hice en el periódico La Información de  fecha 21 de enero de 2020, porque figura legalizando la firma de Paola  Carolina Ureña Mora, en un acto de fecha 6 de diciembre del año 2006, en el cual supuestamente  la firmante requiere al Registrador de Títulos de Montecristi, inscribir hipoteca sobre todos los derechos de la familia Jorge Metz, en la Parcela  núm. 84 del Distrito Catastral núm. 9 del Municipio de Guayubín, provincia de Montecristi.

f.- El licenciado Santiago Osvaldo Espinal Mercado, demostrando ser un hombre que se respeta, que actúa apegado a la verdad, y cuida el nombre suyo y de su familia,  encontrándose en Miami, compareció el día 25 de enero  de 2020, ante el Vicecónsul César  Virgilio  García,   en funciones de Notario Público,  y le declaró:

“Que el día  seis (6) de diciembre  del año  dos mil seis (2006), el licenciado Robert Darío Peralta,  le presentó un acto con la intención de que,  en su calidad de Notario Público de los del número para el Municipio de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, procediera a legalizarle la firma que contenía al pie del mismo y cual firma era supuestamente la de la señora Paola Carolina Ureña Mora; que dicho acto  era contentivo de una  Doble Factura de Inscripción de Hipoteca Judicial definitiva requerida por ante el Registrador de Títulos del Distrito Judicial de Montecristi, en provecho de la señora Paola Carolina Ureña Mora, a  cargo de los señores Abelardo Jorge Salomón, Najil Salomón Vda. Metz, Yasmin Metz Salomón, Lourdes Altagracia Metz Salomón. Naife Elena Metz Salomón, Annette Rafaela Metz Salomón, Roxanna del Corazón de Jesús Metz Salomón, Juan Metz Salomón, María Mercedes Metz Cruz, Altagracia del Corazón de Jesús Metz Guzmán, José Rafael Metz Ferreira, Alina Cevastiana Metz Belliar, Rihna Lidia Metz Belliar, Ranfis Rafael Metz Jiménez y Pedro Luis Metz Jiménez, en virtud del Acta de Audiencia no. 1724-06 de fecha 01-12-06 procedente del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega,   cuya Doble Factura de Hipoteca Judicial definitiva fue inscrita para seguridad y garantía de la suma  RD$ 103,000.00 (cientos tres mil pesos dominicanos) y recayó sobre los derechos de los supraindicados señores  en el ámbito de la Parcela No. 84 del Distrito Catastral No. 9 del Municipio de Guayubín, Provincia de Montecristi, Certificado de Títulos No. 172, Libro 39, Folio 64, expedido por el registrador de Títulos de Montecristi;  que en ningún momento vio a la señora Paola Carolina  Ureña Mora,  firmar dicho acto,  sino que como suele ocurrir,  y se ha hecho una práctica conocida por abogados y jueces, legalizó dicha firma confiando en que el colega Robert Darío Peralta, había visto personalmente  firmar a la indicada señora y que, en modo alguno, podía tratarse de una falsa firma, por lo que si así resulta, fui sorprendido en mi buena fe, pues nunca pensé que sería capaz de algo semejante”.

g.- El licenciado Santiago Osvaldo Espinal Mercado, fue víctima de la confianza que depositó en quien creía ser su amigo y le dijo que legalizara la  firma de la  señora Paola Carolina  Ureña Mora, quien nunca estampó su firma porque desde hace varios años reside en Puerto Rico

h.- Debo precisar que al momento de escribir el artículo del día 21 del mes de enero  del año en curso 2020,  no sabía quién era el licenciado Santiago Osvaldo Espinal Mercado, pero luego supe que Espinal Mercado, está vinculado con personas ligadas conmigo por lazos familiares y de amistad.

3.- Licenciado Juan Angomás Alcántara

i.- El licenciado Juan Angomás Alcántara, quien es el abogado que figura en todo el curso del proceso laboral como apoderado por unos supuestos seis nacionales haitianos contra la empresa  Block Agregados Noroestana, S.R.L., quiso dejar constancia de la falsedad de la  utilización de su nombre  en el fraude contra esta compañía, y expresó su deseo de que su testimonio y declaración jurada fuera legalizada por  el Notario Público   de los del número para el Municipio de Santiago,  Licdo. José Ramón Tavarez Batista. Su testimonio lo manifestó así:

Declaro bajo la fe del juramento lo siguiente: PRIMERO:   “Que no conozco de manera personal a los señores Wisly Jean, Jean Pierre Louis, Guenly Etienme, Jan Win, Wilian Selet  y Fernando Regalado, persona a cuyos nombres he suscrito la demanda en pago de prestaciones  laborales por dimisión justificada, derechos adquiridos, no inscripción en el seguro social ARS, ARF y ARL de la ley 87-01. Falta de pago en la participación de los beneficios en la empresa y de una póliza de seguro para accidente de trabajo, daños y perjuicios, depositada dicha demanda en fecha 17 del mes de junio del año 2016, a las 3:52 horas de la tarde, por ante la Cámara Civil  Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, en contra de la compañía Block Agregados Noroestana, S.R.L, demanda laboral que da origen  a la sentencia  laboral No. 238-2017-SSEN-00031,  dictada en fecha treintaiún (31) del mes de  octubre del año dos mil diecisiete  (2017), por la Cámara Civil,  Comercial y de  Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi. Expediente No. 238-2016-ELAB-00053;  SEGUNDO: Que   no tengo vínculo de ninguna clase, ni mucho menos laboral  con dichos señores Wisly Jean, Jean Pierre Louis, Guenly Etienme, Jan Win, Wilian Selet  y Fernando Regalado, ya que nunca he acordado ni pactado con ellos  de manera verbal, ni escrita, prestarle mis servicios profesionales, que implique relación laboral para actuar en justicia en su nombre,  ni  mucho menos sobre  la demanda laboral que describo en el primer párrafo de esta Declaración Jurada, no he recibido sumas de dinero de ninguna persona, como pago por la firma de esa instancia, ya que quien me solicita que le haga el favor  de  firmarle esa demanda laboral, quien me alegó que es de la misma zona donde  se llevaría la demanda,  estableciéndome también  que es de unos clientes suyos,  es decir del Licdo. Robert Darío Peralta, siendo mi única participación en ese proceso haberle firmado la referida instancia a dicho abogado; no tuve participación alguna en la elaboración  de dicha instancia,  no participe en ninguna de las audiencias, no le otorgué mandato verbal ni escrito  a ningún profesional del derecho para que se constituyera en mi nombre, ni para que me representara en las audiencias celebradas con motivo de ese proceso; tampoco he tenido participación en la elaboración de los actos procesales en relación a esa demanda, como tampoco he sido la persona que le suministré a la Alguacil de Estrados  de la Cámara Civil Comercial y de Trabajo  del Juzgado de Primera instancia del Distrito Judicial de Montecristi, Marilyn Abreu, el lugar del domicilio  de la compañía Block Agregados Noroestana, S.R.L.,   para que ella realizara las citaciones y notificaciones a esa empresa en el municipio de Guayubín, en las calles en que las hizo. TERCERO: Que aunque he firmado la demanda laboral, reitero las declaraciones que le suministré a la periodista Alicia Ortega, para su programa El Informe; no tengo conocimiento ni nada que ver y que además aporté quienes eran los titulares del proceso. CUARTO: Que la presente declaración la hago en aras de que quede constancia de la verdad y de mi disposición de ofrecerla en cualquier lugar que me sea requerida, declaración que sostengo bajo la expresa gravedad del juramento, en pleno uso de mis facultades físicas y mentales”.

j.- Estimo como verdaderas las declaraciones hechas por los licenciados Santiago Osvaldo Espinal Mercado, Edwin Rafael Pimentel Batista y Juan Angomás Alcántara. Le doy crédito a lo por ellos expresado sin que nadie le solicitara sus opiniones. Solo su conciencia les mandó a dar fe, y a expresar su testimonio de que no tuvieron participación responsable en los fraudes inmobiliarios en los cuales figuran sus nombres.

k.- Los licenciados Edwin Rafael Pimentel Batista, Santiago Osvaldo Espinal Mercado y  Juan Angomás Alcántara, a diferencia de los verdaderos autores y coautores  de arrancarles las propiedades a la familia Jorge Metz, a la compañía Block Agregados Nordestana, S.R.L, y a la última víctima conocida, un médico norteamericano, ellos quedan libres de toda sospecha delincuencial  ante los afectados, la sociedad y la justicia. 

Reflexión final

l.- Porque conozco el proceder irresponsable de aquellos  que se dedican a ejecutar acciones delincuenciales, sé que cuando la vara de justicia alcance a los involucrados en los expedientes de fraudes inmobiliarios, van a decir que el culpable de su apresamiento es Negro Veras, olvidando  que cada quien debe responder de sus actos. Aquí, en nuestro país,  es muy común hacer responsable al cartero de la mala noticia que trae la carta. En todo caso, estoy preparado   para responderles  a los violadores de la ley en el terreno que escojan. Y punto.

Santiago de los Caballeros,
3 de febrero de 2020

Abogados delincuentes despojan a propietarios de 4, 274,083.50 m², y roban a financiera RD$ 33, 079, 480. 00

Por: Ramón Antonio Veras.

Introducción


1.- Por distintos lugares del territorio nacional dominicano se mueven miles de mujeres y hombres profesionales del derecho, de origen humilde, llenos de precariedades, pero con mucha dignidad y sentido de laboriosidad honrando la toga y el birrete.

2.- Ser víctima de la pobreza, por la desigualdad que genera el sistema social injusto que padecemos aquí, no es justificación para hacerse de un título de licenciado en derecho y utilizarlo  para enriquecerse mediante el robo.

3.- Se está dando el penoso caso de que de los miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana, una minoría insignificante, colocándose al margen de la ética y la moral profesional, se está dedicando a deshonrar a los abogados y abogadas  honrados llenando de afrenta a la profesión.

I.- Explicación y motivo de una publicación  previa


4.- Hace algunos días hice una publicación con el título: “Advertencia  a Bancos y entidades financieras, ante fraudes inmobiliarios”, y decía que el fin perseguido con el contenido no era crear un estado de alarma en el sector, sino llamar la atención sobre algo que es de mi conocimiento y  es posible que les afecte,  porque se están poniendo en práctica mecanismos fraudulentos, con apariencia de legalidad, para despojar de inmuebles a legítimos propietarios y de sus acreencias al sector financiero.

5.- En mi escrito anterior,  al hacer mención a  Bancos y financieras partía de lo que expongo a continuación.

6.- En la línea noroeste,  la compañía  Block Agregados Noroestana, S.R.L.,    propietaria de varios inmuebles, otorgó dos hipotecas en provecho de la RM OVALLE INVESTIMENT, S.R.L., por una suma superior a los RD$ 33 millones de pesos. Mediante operaciones fraudulentas la dueña de los terrenos concedidos  en garantía fue despojada de los mismos, y también fue víctima su acreedora con procedimientos ilegales.

7.- La RM OVALLE INVESTIMENT, S.R.L.,  enterada de la situación ilegal en su contra,  para fundamentar su demanda en nulidad y quedara sin efecto el daño que se le ocasionó con la trampa, interpuso una acción judicial  con los siguientes argumentos:  

a.- “La sociedad de comercio BLOCK AGREGADOS NOROESTANA, S.R.L., es propietaria de tres (3) inmuebles, los cuales se describen a continuación: 1) Inmueble identificado como la parcela 153-A-Ref. 2, del Distrito Catastral No. 19, Municipio de Guayubín, Provincia de Montecristi, que tiene una superficie de 1,500,000.00 metro cuadrados, identificada con la matricula 130011045 propiedad de BLOCK AGREGADOS NOROESTANA, S.R.L., 2) Inmueble identificado como la parcela 215758095084 del Distrito Catastral No. 19, Municipio de Guayubín, Provincia de Montecristi, que tiene una superficie de 1,653,901.80 metros cuadrados, identificada con la matricula 1300012192 propiedad de BLOCK AGREGADOS NOROESTANA, S.R.L.; 3) Inmueble identificado como la parcela 153-A-Ref. 3, del Distrito Catastral No. 19, Municipio de Guayubín, Provincia de Montecristi, que tiene una superficie de 500,000.00 metro cuadrados, identificada con la matricula 1300011046 propiedad de BLOCK AGREGADOS NOROESTANA, S.R.L.”

b.- “En fecha 30 de abril de 2014, fueron suscritos tres (3) contratos de hipoteca convencional sobre los indicados inmuebles, en provecho de la RM OVALLE INVESTIMENT, S.R.L, otorgando en garantía los indicados inmuebles, por un monto de diez millones de pesos dominicanos (RD$ 10, 000,000.00).

 c.- “En fecha 30 de junio de 2014, fueron suscritos dos (2) contratos de hipoteca convencional sobre los indicados inmuebles, entre la RM OVALLE INVESTIMENT, S.R.L., (acreedora) y la sociedad BLOCK AGREGADOS NOROESTANA, S.R.L., otorgando en garantía los indicados inmuebles, por un monto de  cinco millones de pesos dominicanos (RD$ 5, 000,000.00).  El monto total de la deuda debido al impago a la fecha es de la suma de TREINTA Y TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS DOMINICANOS (RD$ 33, 079,480.00), sin perjuicios de los interés por vencer”.

 d.- “La Cámara Civil y Comercial y de  Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, fue apoderada de un procedimiento de embargo inmobiliario, a persecución y diligencia de PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ CABA,  en contra de la sociedad de comercio BLOCK AGREGADOS NOROESTANA, S.R.L., parte embargada, por la suma de un millón setecientos dieciocho mil ochenta y un  pesos dominicanos con 90/100.- (RD$ 1,718,081.90),  sin que el acreedor inscrito en primer y segundo rango, tenga conocimiento del anómalo y subrepticio procedimiento de expropiación forzosa”.

e.- “El título que sirvió de base a la inscripción de la hipoteca judicial definitiva lo fue una sentencia laboral Núm., 238-2017-SSEN-00031, de fecha 31 de octubre de 2017, dictada por  la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, a favor del persiguiente PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ CABA, por la suma de  seis cientos mil pesos dominicanos (RD$ 600,000.00), mediante un acto auténtico contentivo de la cesión de los derechos de los trabajadores, de fecha 02 de enero de 2018”.

f.- “El acreedor inscrito en primer y segundo rango nunca tuvo conocimiento del anómalo procedimiento de embargo inmobiliario, alegadamente bajo el procedimiento abreviado del persiguiente PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ CABA, en razón de que notificaron  en un alegado domicilio social ubicado en el  Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros (casa marcada con el No.15 de la calle los Rosales, del sector Los Álamos de la ciudad de Santiago de los Caballeros), en donde radica el domicilio social del acreedor inscrito, cuando lo cierto es que el registro mercantil de la empresa es en la ciudad de Santo Domingo, domicilio social abierto en la Av. Winston Churchill, Plaza Las Américas II, Suite 24-B, Sector Evaristo Morales, Santo Domingo, República Dominicana, tal como se comprueba de una certificación, como del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Santo Domingo.

8.- No hay lugar a ninguna duda, pues, como bien expresa la RM OVALLE INVETIMENT, S.R.L., todo el procedimiento doloso, fraudulento, espurio,  fue con el macabro propósito de que el acreedor hipotecario en primero y segundo rango nunca tuviera  conocimiento del procedimiento de expropiación forzosa, para que no pudiera hacer los reparos al pliego, exigir  la cláusula de previo pago,  y las modificaciones  e inserciones de su crédito, pero además, esos actos nunca cumplieron con el voto de la ley, porque jamás  llegaron a manos de su destinatario, constituyendo una violación al debido proceso de ley, y la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 69 de la Constitución de la República. 

II.-  Notificaciones en el aire también  hacen víctima a una financiera

9.- La clandestinidad en las notificaciones fue el medio fraudulento para despojar a la Block Agregados Noroestana, S.R.L., de los terrenos de su propiedad y, de igual manera, lo subrepticio, lo  oculto se puso en juego para “volar”,  eliminar ilegalmente el crédito de la RM OVALLE INVETIMENT, S.R.L. Tomó su imperio el engaño para que se impusiera la trampa y lo encubierto sobre lo público. Cuando la defraudación  desempeña  el papel de primer orden en un medio social, de inmediato predomina lo tramposo. 

10.-  Como quien no quiere la cosa,  así por así, tranquilamente, como si la República Dominicana fuera el paraíso para algunos  abogados y alguaciles, tenemos que: 

a.-)  En la línea noroeste  la familia Jorge Metz, con ardid fue despojada de   612,429 metros cuadrados

b.- También en la línea noroeste a la compañía Block Agregados Noroestana, S.R.L, mediante el fraude le fueron  arrancados  3,653, 901.50, metros cuadrados;

c.- En la ciudad de Santiago  de los Caballeros,  a un médico ciudadano norteamericano, con trampas lo timaron,   en zona urbana,  con 7, 735 metros cuadrados;

d.-  A la financiera RM Ovalle Invetiment, S.R.L., le dieron un sablazo, le robaron la cantidad de RD$ 33, 079,480.00. 

11.- Aunque el lector o la lectora no lo crea, por  esas calles de Dios andan  profesionales del derecho que tienen en su patrimonio,   sustraídos, la cantidad  de cuatro millones, doscientos setenta y cuatro mil, cero sesenta y cinco, punto, cincuenta  metros  cuadrados, (4, 274, 083. 50 m²);  y la suma de treinta y tres millones, setenta nueve mil,  cuatrocientos ochenta pesos dominicanos,  (RD$ 33, 079,480.00),  sustraídos a una financiera

12.- Lo peor de todo es  que las operaciones dolosas  que dieron origen al despojo de la cantidad de millones de metros cuadrados y el robo en dinero,   han quedado como si nada  ha pasado. La impudicia y la desvergüenza no deben avasallar impunemente en una sociedad  supuestamente civilizada y donde aparentemente existe un Estado de derecho.

13.- De seguro que ningún inversionista extranjero, debidamente informado   de la forma fácil que un propietario es despojado de lo que legalmente ha adquirido, jamás va a venir a la República Dominicana a comprar un inmueble, sin importar que sea en la zona urbana o rural. Los inversionistas  honrados no invierten su dinero  allí donde no es sancionado el robo. La incertidumbre no forma parte de la  cultura de quienes se dedican a llevar sus capitales al extranjero. Ellos  se mueven hacia países en los cuales funciona la claridad, la legalidad y la justicia sin distinción alguna.

14.- Las entidades  financieras, al igual que los dueños de inmuebles de gran valor, no gozan aquí  de ninguna garantía, ya que la firmeza de sus inversiones dependen del capricho y la voluntad delincuencial de aquellos que están investidos como profesionales del derecho, no para honrar la ley, sino para prostituir su actividad y enriquecerse por medios fraudulentos. Timar en forma descarada, quitar con trampas y rapiñar sin ser sancionados, es algo común en el quehacer de los togados que viven del fraude.

15.- Sorprende que un grupo accione libre e impunemente lesionando a personas e instituciones sin ser tocado por los organismos encargados de aplicar la ley y velar por los derechos de los ciudadanos. Una  sociedad humana se siente desamparada, como que se le ha dado la espalda, cuando ve que sus miembros decentes y laboriosos están desatendidos por los órganos encargados de protegerlos.

III.- El Ministerio Público debe accionar

16.- El Ministerio Público está en la obligación   de ir en su ayuda y perseguir a los agresores cuantas veces una persona es lesionada en su vida o en sus bienes; y  una vez comprobada la responsabilidad del delincuente, la acción pública debe ser puesta en movimiento. La falta de castigo al violador es demostración de perdón al delito, mientras  el castigo al que viola la ley invita al escarmiento.

17.- Las víctimas de las operaciones dolosas ejecutadas por abogados y alguaciles, tienen justificados razones para creer que el servicio judicial del país permanece en absoluta postración, partiendo de que la vara de la justicia no alcanza a los que se creen dueños y señores para delinquir y disfrutar de los bienes sustraídos sin ser sancionados. Mientras  que el delincuente anda erguido y desafiante, al que le roban luce arrodillado y desalentado.

18.- El derecho de las personas físicas y jurídicas sobre sus propiedades inmobiliarias es completamente frágil en nuestro país, lo mismo que las garantías hipotecarias. La inestabilidad es fruto  de la inconsistencia de la justicia ordinaria para enfrentar a los delincuentes presentes en un  sector de los abogados y de los ministeriales. Ha desaparecido la solidez del respeto que se supone debe acompañar la condición del poseedor legítimo.

19.- Porque no se ha actuado contra los abogados, alguaciles y demás cómplices que se han dedicado durante varios años a robar inmuebles a legítimos propietarios, es que ellos siguen en sus operaciones fraudulentas como si cometer un delito no fuera nada irregular. Las tropelías cometidas por abogados hay que pararlas porque de lo contrario las infracciones van a continuar como si formaran parte de la moral de los profesionales del derecho.

20.- El silencio contra las operaciones dolosas de los profesionales del derecho que dañan, no debe continuar. Por el contrario, hay  que denunciarlas; reclamar que se le aplique la ley a quien la viola. Hay que quejarse para que lo mejor de la sociedad dominicana sepa que los hombres y mujeres de la toga y el birrete son, en su gran mayoría, personas decentes, de buen vivir,   verdaderos colaboradores, auxiliares de la justicia  y aliados de las causas justas.

IV.- Las víctimas de los fraudes en la línea noroeste, su sufrimiento  y el proceder del Ministerio Público

21.- De las víctimas de los abogados y alguaciles delincuentes, las que más sufren son los de la línea noroeste, porque no solo están maltratados por los que les roban,  sino también por el proceder de  la mayoría de los encargados de accionar en nombre de la justicia, todo por  la contaminación que han esparcido  por el Departamento Judicial de Montecristi, los sinvergüenzas y vagabundos que tienen excelentes vínculos con empleados y funcionarios judiciales.

22.- En verdad llama la atención el estado de ánimo al no sentir preocupación; la indiferencia que han puesto en evidencia  aquellos que están en el deber de amparar a los que despojaron de sus propiedades mediante procedimientos engañosos pensados por abogados y ejecutados por alguaciles. Lo que se observa es total abulia; completa apatía; indolente desdén y alarmante tibieza para no enfrentar a los autores de los fraudes.

 23.- Sería bueno saber si quien hace  de Procurador Fiscal en Montecristi, ha hecho las investigaciones de lugar para conocer qué es de los terrenos de la familia Jorge Metz, y quién tiene el control de las propiedades de las cuales fue despojada la compañía Block Agregados Noroestana, S.R.L. El fiscal, se supone, representa  a la sociedad y tiene de aliada a  la ley. Por tanto,  cualquier asunto donde está de por medio la criminalidad, la delincuencia, es deber  del representante del Ministerio Público  decir: aquí estoy yo.

24.- Lo deseable es que todas las personas relacionadas con el Poder Judicial en Montecristi, tuvieran la buena imagen de la  magistrada del Tribunal de Tierras, cual luce como una rosa blanca en un pantano. En todo caso, corresponde a la comunidad decente de Montecristi, luchar para que todos sus servidores en el tren judicial sean confiables por entero, porque solamente así dejarían de imponer sus condiciones los  abogados que se dedican  a delinquir y  los alguaciles que les secundan


Santiago de los Caballeros,
30 de  enero de 2020.

Otro fraude y un atropello que manchan más al Poder Judicial

Por: Ramón Antonio Veras.

I.- Seis nacionales haitianos utilizados como falsos demandantes

1.- Recientemente, con el título: Un fraude inmobiliario y una mancha en el Poder Judicial Dominicano, escribimos un artículo en el cual expresamos que estamos interesados, desde el punto de vista profesional, en saber si la forma como fue despojado un ciudadano norteamericano  de un inmueble suyo en el país,  guarda relación con el robo de que han sido víctimas  otras personas que también han visto cómo abogados ladrones les han robado sus propiedades. En el presente trabajo revelamos otro fraude en el que, al igual que en el anterior, los victimarios aplicaron medios ilícitos para quitarle los terrenos a una compañía.

2.- En el presente caso se utilizó el ardid de seis nacionales haitianos:  Wisly Jean, Pierre Louis, Guenly Etienme, Jan Win, Wilian Selet y Fernando Regalado, para en su nombre lanzar una demanda contra Block Agregados Noroestana, S.R.L.,  en reclamación de prestaciones laborales por dimisión y otros accesorios, proceso subrepticio que dio origen a la sentencia laboral 238-2017-SSEN-00031, dictada en fecha 31 de octubre de 2017, por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi.

3.- La compañía Block Agregados Noroestana, S.R.L., cuenta con registros oficiales  como medios de pruebas a su favor que evidencian que  los alegados demandantes nunca trabajaron para ella, ya que la empresa no existía para la época que los reclamantes dicen prestaban sus servicios como trabajadores.

4.- Además, respecto a las identidades de los seis demandantes, cinco de ellos no existen como tales, así lo expresa la comunicación No. 0001232, del 11 de marzo del año 2019, del Ministerio de Interior y Policía, suscrita por el licenciado Luis Fernández, Viceministro para Naturalización y Migración, en la cual se indica que los documentos usados como identidad por los demandantes no figuran en realidad. Con relación al sexto demandante, una comunicación expedida por la Junta Central Electoral de fecha 28 del mes de marzo del año 2019, suscrita por el doctor Hilario Espiñeira Ceballos, Secretario General, establece que el documento usado como identidad de lo que se trata es de una solicitud de servicio la cual no fue procesada porque de acuerdo al informe rendido por la Dirección Nacional de Inspectoría de la Institución, el acta de nacimiento fue instrumentada de manera irregular.

II.- Ausencia de notificaciones a la compañía Block Agregados Noroestana, S.R.L. Atribución de dos domicilios diferentes y un empleado fantasma

5.- Para que la compañía lesionada no hiciera uso de su derecho de defensa y las pruebas que posee, y  la demanda no le fue notificada en su domicilio legal,  una prueba es que residiendo los falsos demandantes en la sección de Hato del Medio, tal como lo indican en su demanda, y estando el domicilio de la entidad demandada en dicha sección, los actos relativos a su demanda laboral fueran notificados en la calle Proyecto y Principal S/N del municipio de Guayubín, pero el Ayuntamiento del municipio de Guayubín, estableció mediante certificaciones expedidas en fecha 14 y 18 de febrero del año 2019, que las calles Proyecto y Principal, no existen como tales, ya que la antigua calle Proyecto, se llama María Trinidad Sánchez y ese nombre le fue dado hace más de 30 años, y la antigua calle Principal, se llama Benito Monción y que ese nombre data desde  hace más de 30 años.

6.- Las personas que en forma malvada maquinaron el fraude contra la empresa demandada, sabían perfectamente que el real domicilio social de la compañía Block Agregados Noroestana, S.R.L., está en la Autopista Duarte, Hato del Medio, municipio de Guayubín,  provincia de Montecristi República  Dominicana, como consta en certificación de fecha 20 del mes de febrero de 2019, expedida por la Cámara de Comercio y Producción de Montecristi Inc.

7.- Una lectura detenida y seria a los distintos actos supuestamente notificados a la compañía Block Agregados Nordestana, S.R.L., sirven para probar hasta la saciedad que los autores del fraude se interesaron para que ningún acto de alguacil llegara a conocimiento de la víctima del timo. Veamos.

a.-) El acto número 205-06, de fecha 16 de junio de 2016, en forma falsa dice que le fue notificado a Block Agregados Nordestana, S.R.L.,  en la casa S/N de la calle Principal de Guayubín, y, con el embuste dizque hablando con Pedro Peña, puesto falsamente como empleado de la parte aparentemente notificada.

b.-) El acto número 528-16, de fecha 24 de diciembre de 2016, en forma fraudulenta dice que le fue notificado a Block Agregados Nordestana, S.R.L.,  en la casa S/N de la calle Proyecto de Guayubín, y se completa la mentira cuando la ministerial dice estar hablando con Pedro Peña, puesto ahí por ella en calidad de empleado de la compañía

c.-) El acto número 132-17, con fecha 14 de marzo 2017, en forma falaz dice que le fue notificado a Block Agregados Nordestana, S.R.L.,  en la casa S/N de la calle Principal de Guayubín, y se termina con la mención de que mentirosamente fue recibido por el falso empleado Pedro Peña.

d.-) El acto número 208-18, de fecha 9 de mayo de 2018, dolosamente dizque notificado a Block Agregados Nordestana, S.R.L.,  en la casa S/N calle Proyecto del municipio de Guayubín, con el infundio de que fue recibido por Pedro Peña, un invento creado por los organizadores del fraude.

III.- Actos de Alguacil notificados con indicaciones sospechosas y sus consecuencias. Dos sentencias contra la misma parte y con notificaciones en lugares diferentes  dan motivo a incertidumbre

8.- En cada uno de los cuatro actos citados se lee que fueron notificados por  una ministerial de Estrados de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi. En las tres primeras notificaciones la alguacil indica, en el espacio dejado en blanco, y luego  llenado a mano, la calle donde deben ser entregadas  a la compañía Block Agregados Nordestana, S.R.L., pero en el último acto, en el número 208-18 de fecha 9 de mayo de 2018, la ubicación de la calle se especifica de antemano, es decir, en forma anticipada se le dice a la alguacil  que debe ser llevada la notificación a la calle PROYECTO de ese municipio de Guayubín.

9.- Real y efectivamente, la ministerial fue dirigida, orientada, encaminados sus pasos, no al domicilio real y efectivo de Block Agregados Nordestana, S.R.L., si no a una dirección previamente señalada y con la indicación de que estaba hablando con el mismo supuesto empleado Pedro Peña, nombre inventado por los autores del fraude, porque el tal Pedro Peña, nunca, en ningún momento, jamás trabajó para la compañía Block Agregados Nordestana, S.R.L.

10.- La fe pública  de un ministerial cualquiera se pone en entredicho cuando sus actuaciones resultan contradictorias y rodeadas de sospecha. Block Agregados Nordestana, S.R.L.,  tiene su único domicilio social en la Sección Hato del Medio, dirección a la que nunca fue la alguacil que, supuestamente, notificó los cuatro cuestionados actos.

11.- Una persona cualquiera que legalmente tiene fe pública está en el deber de llenar a cabalidad, actuar con absoluta transparencia y rodear  sus actuaciones con la más convincente diafanidad. Pero en el caso que nos ocupa llama a la sospecha que la ministerial actuante dice que se traslada indistintamente a dos lugares diferentes, y es así como la vemos decir que va a la calle Principal  S/N, y otras veces a la calle Proyecto, S/N, siempre hablando, por tremenda coincidencia, con el mismo empleado creado por ella, Pedro Peña.

12.- El oficial público que tiene la  condición legal de ser  creído en sus actuaciones debe preocuparse por rodearlas de la mayor certidumbre.  Pero  las ejecuciones de la ministerial que accionó en las notificaciones a la Block Agregados Nordestana, S.R.L.,  están llenas de duda   que llaman e inspiran inquietud, y motivan preguntas cargadas de interrogantes  como la de ¿por qué  ella no se ocupó de colocar una nota aclaratoria explicando las razones por las cuales no notificó en el domicilio social de la empresa demandada, y  sí lo hizo en direcciones  diferentes y siempre alegadamente hablando con el mismo empleado? En esta situación  la suspicacia de seguro está presente hasta en el más crédulo.

13.- Dislocar con las contradictorias  indicaciones de domicilios,  obra de una ministerial especialista en fraguar domicilios sociales,  trajo como resultado que la compañía Block Agregados Nordestana, S.R.L.,  aparece con dos domicilios diferentes, en dos decisiones judiciales adversas, como lo son la sentencia laboral número 238-2017-SSEN-00031, de fecha 31 de octubre de 2017, figura en la página No. 2 con asiento social en la calle Proyecto, casa S/N municipio de Guayubín, mientras que la   sentencia número 238-2019-SSEN-00005, de fecha 22 de enero de 2019, figurando en la página No. 1 con asiento social en la calle Principal, casa S/N municipio de Guayubín.

IV.- Un loro amaestrado como testigo complaciente

14.- Los seis falsos demandantes,  las sospechosas  notificaciones efectuadas por una ministerial que hizo notificaciones  en dos lugares diferentes, pero distintos al domicilio real de la parte a quienes iban dirigidas, y  el falso testigo Víctor Manuel de Jesús Abreu Ramos,  fueron los elementos que sirvieron de base ante el tribunal de primer grado  para el inicio del despojo de los inmuebles propiedad de la compañía  Block Agregados Nordestana, S.R.L.

15.- Un aparecido, desconocido y preparado individuo de nombre Víctor Manuel de Jesús Abreu Ramos, el día 5 de abril de 2017, ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, declaró como testigo lo que previamente le había sido explicado, pero que ningún juez con sano juicio  podía creer. Lo cierto fue que el fabricado  declarante cumplió su cometido para los fines que perseguían aquellos que procuraron  y lograron usurpar los terrenos a la compañía  Block Agregados Nordestana, S.R.L.

16.- Al conocer de la existencia del creado testigo, solamente atinamos a decir que es de esperar que llegue el día cuando la víctima  del vulgar arrebato ocurrido en la línea noroeste,  contra Block Agregados Nordestana, S.R.L., obra de un grupo de abogados y sus cómplices, pueda ejercer su derecho de defensa y exhibir  las pruebas  que posee, y así  desenmascarar a falsos testigos, cesionarios y subastadores, y recuperar  los terrenos de su  propiedad regresando los mismos a su patrimonio.

V.- La experiencia vivida en Santiago  con una espuria   cesión de crédito  que culminó con el despojo de un inmueble a su legítimo propietario 

17.- La cesión de crédito,  como instrumento jurídico  plasmado en un acto auténtico, es uno de los mecanismos utilizados por abogados delincuentes que se dedican a despojar de inmuebles   con grandes extensiones de tareas o metros cuadrados, y sin importar que se encuentren ubicados en zonas rurales o urbanas, pertenecientes a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras,  que lo han adquirido  en forma legítima.

18.- La primera experiencia que tuvimos de una operación fraudulenta utilizando una cesión de crédito, fue en la ciudad de Santiago  de los Caballeros, donde comprobamos que  falseando que una señora se había hecho acreedora de una suma de dinero en virtud de una ilegítima sentencia civil irrevocable, se simuló que ella había comparecido ante una Notario Público y declaró, supuestamente, ceder su crédito a un cesionario. Luego, se sacó una compulsa del acto  y se hizo desaparecer el original, dando como resultado que la oficial público que instrumentó el acto auténtico de la cesión de crédito  quedara  desamparada, es decir, sin el documento original en su protocolo.

19.- Continuando con la explicación de la historia real  de la experiencia vivida en Santiago de los Caballeros, en virtud de esa aparente  cesión de crédito hecha por la falsa beneficiaria de la ilegal sentencia irrevocable, podemos decir  que luego del cesionario  inscribir la compulsa en la oficina del Registro de Título de Santiago,  y  obtener un  Certificado de Título como acreedor hipotecario, procedió a la ejecución, mediante un proceso clandestino de embargo inmobiliario, que culminó con el despojo de un inmueble a su legítimo propietario, todo como obra maestra de un grupo de abogados, alguaciles y comerciantes que unificaron sus voluntades para delinquir.

VI.- Otra cesión de crédito que concluyó con el despojo de un inmueble en la línea noroeste teniendo como víctima a la empresa Block Agregados Nordestana, S.R.L.

20.- Conociendo ya que la cesión de crédito constituía un medio  empleado para despojar de inmuebles a sus legítimos dueños,  conjuntamente con el licenciado José Lorenzo Fermín, nos trasladamos  a Guayubín,  provincia de Montecristi, y al visitar al Notario Público doctor Víctor Aparicio Santana, le hicimos entrega de una carta que dice así:

16 de diciembre de 2019
Señor
Dr. Víctor Aparicio Santana
Su despacho
Guayubín

Asunto: Solicitud para que se nos muestre y se nos expida copia de acto.


Distinguido Dr. Santana.

El Dr. Ramón Ant. Veras y el Lic. José Lorenzo Fermín M., abogados de los tribunales de la República y miembros activos del Colegio de Abogados, con matrículas vigentes núms. 0073-1017-67 y 4066-215-86, respectivamente, con estudio profesional común abierto en la calle A esquina C, del Residencial Las Amapolas, del sector de Villa Olga, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, tenemos a bien solicitarle que nos muestre en el protocolo que usted lleva en su condición de notario público, el acta auténtico que supuestamente usted lleva respecto de una cesión de crédito intervenida entre los señores Wisly Jean, Pierre Louis, Guenly Etienme, Jan Win, Wilian Selet, Fernando Regalado y Pedro José Gutiérrez Caba, y, de igual manera, respetuosamente le solicitamos nos expida una copia de dicho acto. Sin otro particular, atentamente,

21.- A la solicitud nuestra, el doctor Víctor Aparicio Santana, nos respondió:

“DOCTOR VICTOR APARICIO SANTANA UREÑA, oficina de Abogado, 16 de diciembre de 2019, señores: DR. ANTONIO VERAS Y LIC. JOSE LORENZO FERMIN M. Con Respecto a la petición que ustedes me hacen en su carta de fecha 16 del mes de diciembre del año 2019, sobre la expedición de una copia del acto autentico No. 29 de fecha 2 del mes de Enero del año 2018, en el que en mi condición de notario público supuestamente instrumente, el 2 del mes de enero del año 2018, puedo darle constancia de que no se encuentra en mi protocolo porque ese documento lo firmé atendiendo a una petición que como amigo me hizo el Regidor RENET PERALTA, para un asunto de interés Lic. ROBERTO PERALTA, relacionado con una sesión (sic) de Crédito en provecho de PEDRO JOSÉ GUTIETTEZ CABA. En múltiples veces le he solicitado al Lic. ROBERT PERALTA la entrega del Original de ese Documento, quien presuntamente lo tiene en su poder, negándose este a satisfacer mi solicitud ya que dicho original debió estar en mi Archivo para protocolizarlo como es de ley. Dr. Víctor Aparicio Santana Ureña”.

22.- La falsa cesión de crédito de la que se aprovechó Pedro José Gutiérrez Caba, no se encuentra en el protocolo del Notario Público que la  instrumentó, ni consta en ningún registro porque lo que se registró fue, como ya  habían hecho en Santiago, una compulsa del mismo, conforme a certificaciones expedidas en los ayuntamientos de Villa Vásquez y  de Guayubín.

23.- La periodista Alicia Ortega, también se trasladó a Guayubín, y entrevistó al doctor Aparicio, y este le contestó: “No tengo conocimiento ni nada que ver, y además te aporté quienes eran los titulares del proceso”; “No recuerdo bien, si ellos vinieron a mí a mi oficina y me firmaron, o si yo le firme a Robert, el abogado que lo hiciera”.


VII.- La consumación del fraude contra Block Agregados Nordestana, S.R.L

24.- Lo que se perseguía con las notificaciones simuladas se logró con la sentencia dictada contra la compañía Block Agregados Nordestana, S.R.L., para posteriormente convertirla en una falsa cesión de crédito a favor de Pedro José Gutiérrez Caba, quien luego realizó un clandestino proceso de embargo inmobiliario que culminó  con una ficticia venta en pública subasta en virtud de la sentencia civil  238-2019-SSEN-00005,  de fecha 22 de enero de 2019, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi.

25.- La fraudulenta Cesión de Crédito, de fecha 2 de enero de 2018, que se alega fue instrumentada por el Notario Público de Guayubín, doctor Víctor Aparicio Santana, y mediante el cual supuestamente los señores Wisly Jean, Jean Pierre Louis, Guenly Etienme, Jan Win, Wilian Selet y Fernando Regalado, le ceden su crédito al señor Pedro José Gutiérrez Caba, no existe en original, y está ausente de todo valor y efecto jurídico porque nació falsa y se ha mantenido con una existencia totalmente oscura y utilizada para hacer toda clase de acciones fingidas.

26.- La cesión de crédito espuria a favor de  Pedro José Gutiérrez Caba, fue el instrumento para llegar  a la pérdida de las propiedades de la empresa Block Agregados Nordestana, S.R.L., las cuales son: 1) Inmueble identificado como la parcela 153-A-Ref. 2, del Distrito Catastral No. 19, municipio de Guayubín,  provincia de Montecristi, que tiene una superficie de 1,500,000.00 metro cuadrados, identificada con la matrícula 130011045 propiedad de Block Agregados Noroestana, S.R.L., 2) Inmueble identificado como la parcela 215758095084 del Distrito Catastral No. 19, municipio de Guayubín,  provincia de Montecristi, que tiene una superficie de 1,653,901.80 metros cuadrados, identificada con la matrícula 1300012192 propiedad de Block Agregados Noroestana, S.R.L., 3) Inmueble identificado como la parcela 153-A-Ref. 3, del Distrito Catastral No. 19, municipio de Guayubín,  provincia de Montecristi, que tiene una superficie de 500,000.00 metro cuadrados, identificada con la matrícula 1300011046.

VIII.- Un atropello que también debe ser investigado

27.- Después de un proceso laboral espurio y un embargo inmobiliario  rodeado de todas clases  de maniobras sucias, para arrebatarle los terrenos a la compañía  Block Agregados Noroestana, S.R.L.,  la  burla continúa  dándole de frente a la sociedad dominicana,  al Poder Judicial y se materializa en la humilde persona del ciudadano Luis Omar Fernández Capellán.

28.-  Una investigación responsable, clara y honesta  hecha por la Procuraduría General de la República, y el Consejo del Poder Judicial,  con relación al despojo de los terrenos de que fue objeto la  Block Agregados Noroestana, S.R.L., solamente sería completa si se extiende a lo ocurrido en la persona del  señor Luis Omar Fernández Capellán, y esto así por lo siguiente:

29.- El día viernes 8 de noviembre de 2019,  siendo las 5:45 horas de la tarde,   el ciudadano Luis Omar Fernández Capellán, cédula de identidad y electoral 001-1421346-5, encargado de cuidar las propiedades  embargadas y ejecutadas  a la compañía  Block Agregados Noroestana, S.R.L., en el municipio de Guayubín, Provincia de Montecristi, fue apresado, esposado y maltratado por los señores   Edwin Zapata y Jeison Montero, empleado judicial en Montecristi y agente de la Policía Nacional, respectivamente, acompañados de un grupo de personas. Las llaves de las esposas colocadas en la muñeca del señor Luis Omar Fernández Capellán,  desaparecieron  al momento de ser ultrajado, por lo que fue trasladado a varias secciones  de la Línea Noroeste, hasta que  varias horas después  fue posible abrirlas. Luego, el día viernes 15 de noviembre 2019, a las 3:50, p.m. fue recibida una querella en la Procuraduría Fiscal de Montecristi, presentada por los doctores Máximo Moreno R., y licenciado Vicente Graciano R., con estudio común ubicado en la calle Duarte núm., 4 suite 202, segundo nivel, Sector Vista Bella, Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

30.- No tenemos constancia de si la titular representante del Ministerio Público en Montecristi, venciendo el sentir de su ayudante la licenciada Dinorah Liberato,  ha hecho alguna investigación que haga posible saber qué persona  llevó a los señores   Edwin Zapata y Jeison Montero,  a ejecutar  la tropelía  de que fue víctima el señor Luis Omar Fernández Capellán.

Santiago de los Caballeros,
27 de enero de 2020.